De Juana: «No puedo aceptar lo que hacen, no hay derecho»
Iñaki de Juana manifestó ayer a su abogado que ha emprendido una nueva huelga de hambre «porque no puedo aceptar lo que me están haciendo». «No hay derecho, tengo que hacer algo» añadió desde la prisión de Aranjuez, de la que está previsto que salga el próximo 2 de agosto. Es la tercera huelga de hambre de este prisionero en los últimos tres años. El Gobierno español adelantó que a De Juana se le aplicará «la ley y el reglamento».
GARA |
Iñaki de Juana cumplió ayer su primer día en huelga de hambre en la prisión de Aranjuez. Durante la mañana, en el curso del encuentro que mantuvo con su abogado, Álvaro Reizabal, manifestó que «no puede aceptar» lo que le están haciendo, para añadir que «no hay derecho». En ese contexto sitúa el preso la huelga de hambre iniciada, la tercera en tres años. «Tengo que hacer algo», refirió De Juana a su abogado, quien le encontró «dentro de la normalidad. Estaba muy tranquilo, tenía la voz fuerte, pero era el primer día», añadió Reizabal.
El preso donostiarra responde con su huelga a la solicitud realizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional española para que se proceda al «embargo preventivo fulminante» de la vivienda de su compañera, Irati Aranzabal. El piso, situado en el barrio donostiarra de Amara, pertenecía a la madre de De Juana, quien se la donó en vida a su hija y ésta, se la vendió a la compañera de su hermano.
«La ley es la ley»
La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que a Iñaki de Juana se le aplicará «la ley y el reglamento», y añadió que a ella, personalmente, no le gustaría que «un asesino pueda vivir cerca de sus víctimas tras cumplir su pena», pero recordó que «la ley es la ley y garantiza a todos la libertad de domicilio».
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó a una representación de la AVT que no se puede dictar un decreto para evitar que el preso vasco viva donde tiene el domicilio su compañera.
El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, manifestó, por su parte, que si el represaliado político donostiarra pretende «desafiar a las instituciones o algo parecido, simplemente no lo va a conseguir», mientras que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que no hay que preocuparse por la huelga de hambre, que puso en duda.
El 1 de marzo de 2007 Iñaki de Juana puso fin a una huelga de hambre de 115 días y durmió en un hospital de su localidad, Donostia, después de que el Gobierno del PSOE determinara la concesión de la fórmula de la prisión atenuada, la misma que rechazó la Audiencia Nacional española tres meses antes. Atrás quedaron casi veinte años encerrado en prisiones situadas casi siempre a más de 1.000 kilómetros de Euskal Herria y otra huelga de hambre de 63 días, frente a la condena impuesta por dos artículos de prensa, protestas que le situaron al borde la muerte y que provocaron una intensa conmoción en Euskal Herria y un enorme debate político en todo el Estado español.
La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó que «la ley es la ley y garantiza a todos la libertad de domicilio». Fuentes penitenciarias confirmaron que ayer no ingirió alimentos.
El PP ha solicitado al Departamento de Interior y al Ayuntamiento de Bilbo que se impida la celebración de una comida popular y de un brindis por los presos políticos vascos que figuran en el programa de las fiestas del barrio de Santutxu para mañana.
El parlamentario Carlos Urquijo ha presentado una pregunta al consejero de Interior, Javier Balza, para que explique las medidas previstas por su departamento para impedir estos actos.
Por los derechos de los presos vascos, ayer en Burlata se concentraron 50 personas, y otras tantas se movilizaron en Alde Zaharra de Bilbo en solidaridad con su vecino Asier Mardones, que ayer fue juzgado junto a Josune Oña y Koldo Danborenea por los hechos sucedidos en setiembre de 2003 en el Alto de Herrera, donde en un tiroteo falleció el militante de ETA Arkaitz Otazua por disparos de la Ertzaintza. En esta movilización también se informó de la situación de Iñaki de Juana. En Uribarri, otras 50 personas se solidarizaron con su vecino Alberto Arenal, también juzgado en la Audiencia Nacional, y denunciaron que el juicio en su contra es «un montaje».
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